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Córdoba, ocho de marzo del 2004.

Proveyendo al escrito que oportunamente presentado por los denunciantes y luego constituidos en querellantes en autos a fs. 1/6 en donde solicitan a este Ministerio Publico Fiscal como "medida previsional urgente" la " entrega en custodia judicial" a efectos de " poner bajo efectivo resguardo" los derechos por ellos invocados, del inmueble sito en calle Deán Funes 581/589 de barrio centro de esta ciudad de Córdoba, sede de la otrora Clínica Privada Junín S.R.L. , hoy " Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Ltda.", autorizando el funcionamiento del establecimiento en las actuales condiciones en que se encuentran, con alcance suficiente para que importe la autorización del uso del inmueble, como de los muebles y demás elementos que se encuentran dentro del mismo, para el desarrollo de la actividad que constituye el objeto con fin social de la Institución (Prestaciones Medicas) y a ese solo fin (fs. 5 y vta.).
Pues bien, de las constancias de autos y de las conformidad a las atribuciones otorgadas por las Ley de rito a este Representante del Ministerio Publico, en particular las prescripciones de los Art. 302 y 534/535, y tal como lo pone de manifiesto actual y moderna doctrina ( José I. Caferatta Nores-Aida Tarditti, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, comentado, T. II, comentario al Art. 302, Págs. 7/8 y nota N° 11) corresponde al Suscripto impedir que el delito cometido- y cuyo acaecimiento siendo materia de investigación, como así también la individualización de sus posibles autores, cómplices e instigadores (C.P.P., Art. 303 inc. 1° y 3°)- que en el caso de marras constituiría " Prima Fasie" Defraudación por Administración Fraudulenta a tenor de lo normado por el Art. 173, inc. 7° de C.P. produzca consecuencias ulteriores, en otros términos, que el delito comprobado -o en caso, a comprobar- no rinda beneficios para sus autores o sus participes, procurando en la medida de lo posible y dentro del marco normativo vigente evitar la producción de las consecuencias perniciosas de ilícito, que en el caso marras se encuentra representado por la posibilidad cierta de que un futuro próximo, los trabajadores de la ex Clínica privada Junín S.R.L., HOY " Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín limitada" -pese a que la denominación original, y la S.R.L., en sí misma a la fecha continúan vigente )fs. 83, ap. "f"), pierden su principal fuente de trabajo, con las consecuencias no sólo desde el punto de vista material moral para los individuos-profesionales y personal que se desempeña a diario en la citada institución- y sus familiares, sino también por la grave connotación social que ello trae aparejado, todo ello circunscrito a una Argentina que tuvo que soportar uno de los momento más críticos de toda su historia (la ultima parte, conforme a uno de los proyectos de la Ley de Expropiación del Inmueble sito en calle deán Funes 581/589, Legislatura de la Provincia de Córdoba; Carpeta de Prueba n° lll).
Ello así, toda vez que el abandono a su suerte de la ex Clínica Privada Junín por parte de sus anteriores dueños, propietarios y/o administradores, y cuyo accionar se encuentre bajo estudio de la presentes actuaciones, tiene un alto impacto social ya que los trabajadores -ajenos por completo al desmanejo en que habrían incurridos aquellos o imposibilitados de poder torcer la realidad tal cual se les presentaba- pierden la fuente de ingreso para sustentar a su grupo familiar, perdiendo por otro lado, todo el cuerpo social, una prestación (médica en el caso de marras) esencial en la vida de toda comunidad, cual es el debido y correcto servicio de salud. En otros términos, nos encontramos ante una destrucción de una fuente de trabajo, lo que trae aparejado la expulsión del sistema económico a los beneficiarios de la misma, esto es, los trabajadores y sus familias -fundamento del Proyecto de Ley de Expropiación citado-.
En consecuencia, estima el suscripto que en el caso de autos, la actual "Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada" , cumple un rol social que va más allá, de la simple conservación de la fuente del trabajo de los empleados, de conservar "productiva" a la Clínica. Su actividad se enmarca dentro del nuevo y creciente fenómeno social de los emprendimientos productivos autogestionados, conocidas popularmente como "Empresas Recuperadas", que surgieran con la grave crisis socioeconómica que sufriera -y que todavía padece- el País desde los luctuosos sucesos del 19 y 20 de Diciembre del 2001, y que tienen como objetivo no solo defender su derecho constitucional de trabajar a través del la conservación de su fuente de trabajo e ingreso, sino también y en forma complementaria evitar engrosar los altos índices de desocupación y subocupación que asolan al País "adoptando un papel activo en el desarrollo de Empresas sustentables económicas y socialmente, sobre la base de la solidaridad y responsabilidad", elementos estos últimos que se manifiestan patentes en el caso de la "Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada", atento a la documental que acompañaran los representantes de la nombrada y que acredita haber cumplimentado, con el esfuerzo mancomunado de todos sus integrantes, los requisitos legales exigidos para poder funcionar y actuar como tal, logrando revertir -en parte y luego de 2 años esfuerzo y trabajo en común-el estado de abandono y decidía en que los anteriores propietarios y/o administradores dejaron el inmueble y la institución en sí misma, contando esta con más de 40 años de existencia y servicio ininterrumpido a la sociedad, lo cual da la idea de la inserción social que la misma tiene en el seno de la comunidad.
A más de ello y ante la falta de instrumentos legales que contemplen esta nueva problemática social, salvo la consagrada en la ley de Concursos y Quiebras mediante Ley 25.589, se hace imprescindible y en el marco de evitar el cierre de las denominadas "Empresas en crisis" -en el caso de autos, de la Coop. de trabajo de la salud Junín Limitada- de dotar a la denominada institución y de manera provisoria, vale decir, hasta que la investigación de los hechos "prima facie" ilícitos, oportunamente denunciados determinan lo contrario, de una "plataforma" sobre la cual aquella pueda asentarse a los efectos de lograr las fuentes de financiamiento para ampliar su capacidad productiva ociosa de que dispone -casi 2/3 del edificio conforme surge patentes de las actas de inspección ocular obrantes en autos- y que no es otra que impedir que el inmueble "desaparezca" físicamente, a través de su destrucción y en cambio, destinarlo a cumplimentar la atención médica que desde el año 1961, viene desarrollando, toda vez que en estos tiempos históricos que nos tocan vivir, se torna difícil concebir una propiedad privada ociosa, inexplotada y abandonada, más aún cuando ella cumple un fin social imprescindible a la comunidad.
Es por todo lo expuesto, que este Ministerio Publico Fiscal entiende que corresponde otorgar la " guarda judicial" ( depósito judicial) en manos de la misma Cooperativa, siempre y cuando el citado inmueble esté afectado pura y exclusivamente al cumplimiento y logro de su objetivo: prestar una más y mejor salud al tejido social, en especial a las capas menos pudientes, tal como lo deja demostrado el plan de coberturas médicas entregadas por los propios trabajadores en oportunidad de llevarse a cabo la Inspección Ocular de la Clínica.
A los fines de completar los argumentos desarrollados precedentemente, basta con un somero análisis de las constancias de autos, para darnos cuenta que la medida que se solicita encuentra plena corroboración fáctica en la prueba hasta el momento recolectada.
En efecto a fs. 42 de auto obra informe remitido por el Secretario Legislativo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba que da cuenta que conforme al proyecto de ley n° 02443/L/02 se declara la utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de referencia - cuyo contenido obra incorporado en la Carpeta de Prueba III: proyecto de ley y fundamentos-, tomado estado parlamentario el día 11 de diciembre del 2002 y girado a las Comisiones correspondientes para su consideración y estudio, sin que hasta la fecha tenga resolución; lo que nos da una idea de la connotación publica y social que l a resolución del conflicto de los trabajadores de la ex Clínica privada Junín S.R.L. tiene para el Alto Cuerpo, en consonancia con lo afirmado por el Suscripto en los párrafos precedentes.
Informe entregado por la parte querellante que detalla algunos de los "movimientos económicos-contables" de varios de los integrantes y socios de la firma y que da cuenta -sujeto a verificación durante la investigación- de la disponibilidad del dinero de la Clínica para atender necesidades personales y ajenas al objeto social de la institución -de sus socios y/o administradores (fs. 43/44), acompañando documental respandatorio que obra reservada en Secretaría <8carpeta de <prueba n° V).
Informe dominial del inmueble donde a la fecha funciona a la fecha la "Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada", donde en la columna correspondiente a la titularidad del mismo, en particular los asientos (a-6) y (a-7), surge con claridad que varios -no en su totalidad- de los otrora socios de la institución Clínica Privada Junín S.R.L. y además propietarios del inmueble, venden sus cuotas partes indivisas de este a una empresa denominada "Predixer S.A.", la cual vende su participación a la empresa "Nufolk S.A. Sociedad Extranjera", representada por Oscar Eduardo Novillo (fs. 46/48 y 216/218), el cual de conformidad a lo testimoniado por Marcelo José Ponce de León, supo desempeñarse en ACLISA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la Provincia de Córdoba) como Gerente General de la citada institución médica, Luis Horacio Del Campillo, en oportunidad en que este era el presidente de ACLISA (fs. 203 y fs. 213 vta.). De modo tal y conforme lo expone el citado declarante (fs.213 vta-/214), se vislumbra la posibilidad -a corroborar durante el transcurso de la investigación- que en realidad la empresa Predixer S.A. y Nufolk S.A. Sociedad extranjera, no sean otra cosa más que un engranaje de las supuestas maniobras "prima facie" defraudatorias en que habrían incurrido los denunciandos en autos y que en realidad tiendan no ya a la consumación del ilícito -cuyo acaecimiento corresponde probar a este Ministerio Publico-, sino al agotamiento del mismo, recuperando nuevamente los nombrados en un futuro el inmueble de marras, luego de transcurridos más de dos años desde que se ausentaran de la institución. De allí, que a la fecha la sociedad "Clínica Privada Junín S.R.L." no se allá disuelto (fs 83, ap. "f"). Por otra parte, esta sospecha que se cierne sobre las empresas citadas, a meritos de las constancias de autos, se ve ampliada aún más por el hecho de que uno de los integrantes de la firma "Predixer S.A." sea el médico José Alberto Salazar (Informe de la Inspección General de Justicia. Fs.68 y Carpeta de Prueba n° VII), el cual tuviere un "paso fugaz" por la Clínica Junín, en oportunidad en que esta ya presentaba graves deficiencias en su funcionamiento (fs.213), con los correspondientes cierre de servicios.
Informe emitido por la Inspección de Personas Jurídicas, Registro Publico de Comercio de la Provincia de Córdoba (fs. 83/138), en cuya ultima copia -fs. 138- da cuenta de una modificación del contrato social de fecha 4/05/00, pero que conforme surge de la denuncia (fs.4) la misma habría sido publicada en el Boletín Oficial con fecha 9/8/02, vale decir con seis meses después que los socios, gerentes y/o administradores se ausentaran definitivamente de la entidad (cuya copia obra agregada en la Carpeta de Prueba n° II, fs. 272 del expte. Adm. Labrado por ante la Secretaría de Trabajo), oportunidad en la que se hicieron cargo de la Clínica sus Trabajadores, lo que demostraría que aquellos siguieron actuando como representantes de la institución, pese a haber "abandonado de hecho" sus responsabilidades y librado a su suerte a la Clínica.
Obra asimismo cuatro testimoniales del empleado administrativo de la Clínica Marcelo José Ponce de León, quien se desempeñara en el Área de Admisión de la citada institución, con responsabilidades en el manejo de dinero, el cual aporta a la instrucción en forma pormenorizada los distintos avatares sufridos por la institución en los años 2000 y 2001 y la participación y eventual responsabilidad de las personas que la dirigían (fs.171/175, 177/180, 202/205, 212/214).
Actas de Inspección Ocular (fs.224/226 y 227) y Carpeta Fotográfica (fs 228/238), de las que surge que la Clínica a la fecha, se encuentra en funcionamiento por el trabajo de profesionales médicos y la cooperativa de sus trabajadores constituida a tal efecto, principalmente en su primer nivel, además de contar con consultorios externos, servicios de odontología, rayos, laboratorio, cardiología, pediatría, neonatología, pediatría, fisioterapia, oftalmología, entre otros, además de contar con habitación individual de atención de "cama fría" -servicio de internación por día-, farmacia, atención al publico con personal y telefonista, guardia y enfermería. Se observa, asimismo, que las instalaciones que se tuvieron a la vista, se encuentran perfectamente higienizadas, con salas pintadas y otras en refacción, contando algunas de ellas con mobiliario, útiles de trabajo, elementos de seguridad -matafuegos-, aparatología médica, elementos para esterilización, lámparas dialíticas, tubos de oxígeno, monitores, instrumentos informáticos -computadoras y accesorios- camillas móviles y fijas, camas con respectivos colchones y que el lugar se advierte la presencia de profesionales médicos trabajando, personal administrativo y gente en general en consultorios y pasillos (adultos, jóvenes y niños). Por otra parte, los trabajadores presentes en el recorrido efectuado, manifestaron la posibilidad de ampliar el servicio prestado hasta la fecha, al cuál hoy lo consideran precario, debido sobre todo a la falta de encuadre legal de la actividad, para lo cuál reiteraron su solicitud -otorgándole el carácter de imprescindible- de que se hiciera lugar a la medida cautelar oportunamente solicitada en autos, toda vez que ello los habilitaría para diligenciar las autorizaciones pertinentes ante las autoridades de salud y sanitarias, tanto local como nacional. De otro costado, el citado personal puso de manifiesto la total falta de interés del o los propietarios, del vaciamiento y estado de abandono que dejaron la Clínica, sin perjuicio de lo cuál y gracias al esfuerzo y trabajo desarrollado por intermedio de la Cooperativa, estar al día con el pago de los sueldos del personal ( los cuales ascienden en promedio a lo que el gobierno nacional abona en concepto de subsidio de "planes jefes y jefas de hogar" ), como así también con los servicios de luz agua e impuestos inmobiliario, estando en trámite de regularizar el normal servicio de gas. Sin embargo, resaltan los responsables de la institución que a pesar de estar funcionando la Cooperativa, el inmueble y bienes todavía pertenecen a propietarios privados, habiendo pasado sucesivamente de manos individuales de los anteriores propietarios y también socios y responsables de la Clínica a una serie de empresas, que tendrían algún grado de vinculación -no obstante- con los anteriores dueños, y que ante el tácito abandono de la Clínica -que derivara a partir del año 2001 en el cierre continuo de los diversos servicios de la institución- está de hecho bajo la custodia y el cuidado de la Cooperativa, lo que ha permitido no solo su conservación sino también su mantenimiento, evitando que se produzca mayores daños a la infraestructura del edificio, e incluso han producido mejoras en la misma con el lógico gasto soportado por la Cooperativa ( pintada, baños reparados, servicios, muebles, etc.).
En definitiva y luego de un pormenorizado análisis del funcionamiento y de la situación institucional de la " Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada" se pone de manifiesto la actual actividad y puesta en marcha de la Clínica y la prestación de los servicios médicos que hasta el presente pueden ofrecer a al colectividad, sin que se le escape a este Ministerio Público la capacidad edilicia ociosa que presenta -tal como surge de las tomas fotográfica efectuadas y que corresponden al tercer y cuarto piso de la institución-, sin perjuicio de lo cuál, advierte el suscripto la posibilidad de que la misma sea destinada a una pronta y efectiva puesta en marcha, expandiendo en consecuencia los servicios prestados hasta el presente.
Por último, obran reservadas en Secretaría las Carpetas de Prueba n° III y lV que contienen copias de los antecedentes constitutivos de la Cooperativa de Trabajo e información relativa a la estructura de funcionamiento de la misma, además de las constancias del expediente administrativo labrado por ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba -Carpeta de Prueba n° ll-, cuya intervención fuera declarada "necesaria" por la Legislatura Provincial a fin de que se avocara al conflicto que padecían los trabajadores - Carpeta de Prueba n° lll-.
En síntesis, Sr. Juez de Control he podido observar personalmente y con las constancias en autos, que de hecho la "Clínica Junín" tiene una historia y está viva gracias al esfuerzo, trabajo, y solidaridad de su gente que se aferra a no perder la fuente de trabajo; a su vez, presta un servicio a la comunidad. Así mismo observa el Suscripto que existe una tendencia en la Justicia a no ser indiferente ante situaciones límites y de índole social; por ello, debo citar la resolución -Sent. N° 861m, del 27/10/03- del Sr. Juez Rubén A. Remigio, titular del Juzgado de 1ra. Instancia y 24° Nom. Civil y Comercial en autos " Franzini, Enrique Daniel c/ Comuna de Dique Chico Declarativa-Desalojo", en donde se desestimó demanda de desalojo por razones de utilidad pública que justifican una ocupación temporal y entre sus argumentos se destaca que "...entre las partes existía una relación de derecho privado, la que ha sido reemplazada por una relación de derecho público, regida por el Derecho Administrativo y ante el interés público, interés general y utilidad pública comprometido, el interés particular debe ceder provisoriamente en beneficio de aquel..." (Diario Comercio y Justicia 11/12/03 Pág. 9). En el caso que nos ocupa, existe otra parte que ha huido, abandonado y sin haber efectuado reclamo alguno hasta la fecha y que de seguir con su accionar silencioso y destructivo hubiera producido un verdadero vaciamiento, con el cuál habrían hecho estéril el cese del efecto del delito ( Cfr. Art. 302 del C. P.P).
Por todo lo precedentemente expuesto y normas legales citadas, Resuelvo: I) Hacer lugar a lo solicitado por la parte querellante a fs. 04 de autos y en consecuencia librese Suplicatoria al Sr. Juez de Control, a efectos que proceda a disponer la Indisponibilidad (Medida de no innovar) del inmueble sindicado en calle Deán Funes n° 581/589 de barrio Centro de esta ciudad, registrado bajo la matrícula n° 143152 -Capital (11) (Catastro: 4; 5; Manzana 5) en el Registro Gral. de la Propiedad de la Provincia de Córdoba, a tenor de lo normado por los atrs. 302,303, 534,535 del C.P.P. a fin de que el mencionado organismo se abstenga de inscribir, anotar o consentir cualquier acto de disposición que efectúen o se hayan efectuado sobre el referido inmueble. Todo ello en tanto y cuanto no desaparezca el peligro de daño irreparable en el curso del proceso, oportunidad en que este Ministerio Público valorará si corresponde, solicitar a V.S. dejar sin efecto la cautelar peticionada.
II) En caso de ser concedida la medida requerida en el punto precedente, y una vez devueltas las actuaciones a esta Fiscalía de Instrucción, otorgar en guarda judicial (depósito judicial), con las formalidades de ley, el inmueble de marras a José Aníbal López, DNI n° 17.627.449 -presidente-, Patricia Claudia Torti, DNI n° 13.374.284 -secretaria-, Mabel Silvia Muñiz, DNI n° 5.818.096 -tesorera-, todos miembros del Consejo de Administración de la " Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada", con la obligación de mantener el funcionamiento del establecimiento asistencial en las actuales condiciones en que se encuentra para el desarrollo de la actividad que constituye el fin social de la institución y a ese solo efecto.

Ante mí:
RUBEN M. CARO - Fiscal / LUIS A. CORDOBA - Fiscal Secretario